Fuente: Diario siglo xxi (Cristian Aguado)
La Ley Sinde tiene pendiente al conjunto de la sociedad española. Su objetivo es regular los derechos de la propiedad intelectual. Propuesta por el gobierno socialista y encabezada por Ángeles González Sinde, Ministra de Cultura, ha generado un ardiente debate que enfrenta derechos fundamentales como el acceso a la cultura y los derechos de autor.
Fundamentalmente, lo que pretende la Ley es normalizar el desarrollo de la cultura. Esta situación no es nueva. Si miramos hacia atrás parece haber ocurrido lo mismo siempre que un avance técnico ha propiciado nuevos modelos de acceso a ella.
El ejemplo más claro fue la invención de la imprenta de Gutengberg, alrededor de 1440. En ese tiempo el acceso a la cultura era un verdadero privilegio y muy pocos los afortunados que gozaban de esa suerte. Hasta entonces las obras se elaboraban manualmente, lo que limitaba su difusión tanto por el tiempo que requería reproducirla como por los mecanismos de distribución. Pero la imprenta supuso un cambio potencial en el proceso de producción. La reproducción en serie de obras escritas permitió desarrollar la difusión de la cultura a niveles hasta entonces impensable.
No hay que olvidar que la cultura aparte de servir al puro goce estético es también un mecanismo de difusión de ideas y valores. En este caso la imprenta supuso una amenaza al poder establecido porque servía de herramienta de difusión de las ideas protestantes que Lutero expandía por Europa. En España, por miedo a que estas ideas cuajasen en la población y se produjera una ruptura en el pensamiento, la Pragmática de los Reyes Católicos de 1502 estableció que sólo tendrían permiso para imprimir y publicar obras aquellos autores que gozaran del permiso real. A partir de entonces fue el monarca el encargado de decidir qué obras iban a ser difundidas y cuáles no en función de su contenido.
Partiendo del reinado de Felipe II comienza una larga historia de censura, que desde luego no hay que descontextualizar. No es lo mismo el siglo XVI que el XXI. El propósito de este texto es únicamente señalar los momentos destacados para la historia española en los que la libertad de expresión fue objeto de censura en función de unas determinadas posturas.
De esta manera, es a partir de la Pragmática de los Reyes Católicos cuando la libertad de imprimir y difundir obras queda sujeta a la decisión del monarca. Encontramos un acontecimiento especialmente importante ya que permite contemplar cómo la censura se impuso de una manera determinada para un fin particular. En concreto el fin fue salvaguardar la idea católica frente a un posible contagio protestante.
Esta situación perduró durante dos siglos hasta que en 1808 se convocan las Cortes de Cádiz. Durante este tiempo la sociedad europea vivió el paso del antiguo régimen a un estado de derecho.
La Revolución francesa fue otro acontecimiento histórico que moldeó un nuevo sistema de gobierno que democratizaba el acceso a la cultura. Esta situación, que venía de atrás, tardó mucho en fraguar su pensamiento en España, donde por miedo a que las ideas revolucionarias propiciaran la caída de la monarquía se censuraron todas la publicaciones nacionales excepto las que eran puramente oficiales, es decir, las que aprobaba el rey.
Esta situación sirve también como objeto de análisis para comprender que la legislación siempre opera en función de una perspectiva política. Que fuese equivocada o no la decisión de censurar las publicaciones es una cuestión que no interesa a esta reflexión, y corresponde en definitiva a cuestiones subjetivas que no vienen al caso.
Volviendo al caso, las ideas de la ilustración francesa penetran en España y en 1812 se aprueba la primera Constitución, que legitima la soberanía popular como el pilar base para la construcción de los derechos civiles. Y establece como derecho fundamental de todo ciudadano la libertad de escribir, imprimir y difundir todo tipo de textos salvo que contenga crítica religiosa.
Las Contitución de 1812 es otro acontecimiento fundamental donde analizar la manera de entender los conceptos de libertad de expresión y censura. En este caso, la base fundacional que determina el modelo político se asienta sobre la idea de que es la soberanía popular quien debe hacer de eje para el desarrollo de las libertades y derechos. Se otorga a la ciudadanía la oportunidad de acceder a la cultura porque se entiende que si ésta no se instruye en ella, la base de su sistema político no puede desarrollarse en función a su propio ideal, la libertad.
Este logro democrático, que ya se había desarrollado en Inglaterra, Francia y EE UU sólo durará en España 3 años, hasta que el régimen absolutista de Fernando VII restablece la monarquía. Desde este momento, la historia de España se caracterizará por tener dos posturas ideológicas que entienden la libertad de expresión de distinta manera, una liberal y otra conservadora.
Lo importante aquí es reflejar que la libertad de expresión, íntimamente ligada a la cultura, ha ido siempre unida a intereses particulares, a partir de los cuales el marco normativo que moldea el acceso a la cultura ha tenido una forma u otra. En esa continua lucha a dos bandas entre liberales y conservadores lo que ha estado en juego es el derecho de los ciudadanos de acceder a la cultura. Y los mecanismos de censura que han establecido los distintos regímenes o gobiernos han influido de manera directa en las libertades de la ciudadanía de acceder a ella.
A día de hoy España disfruta de un sistema de gobierno basado en el derecho constitucional. La libertad de expresión forma parte de los derechos fundamentales del ciudadano. Pero una vez más el avance técnico ha cambiado el modelo de comunicación. Internet ha revolucionado el sistema de comunicaciones y ha formulado un nuevo contexto social donde el acceso a la cultura nunca había sido tan igualitario, pero para ello ha introducido nuevas fórmulas que dejan atrás el sistema de negocio que la industria cultural sostenía desde hace años.
En este nuevo contexto social la libertad que ofrece internet para acceder a la cultura choca con el derecho a la propiedad intelectual que un sector de la comunidad de autores reclama. Mientras unos reclaman su derecho a disfrutar del contenido cultural sin ánimo de lucro otros reclaman compensaciones económicas por sus derechos de autor.
La Ley Sinde es el recurso constitucional que pretende regular esta situación, por lo tanto es la medida directa que determinará la forma legal del acceso a la cultura. Llegado a este punto, lo verdaderamente importante es preguntar y delimitar cuál es el fundamento que legitima esta ley. Si como se ha intentado demostrar antes, toda decisión se toma en función a una razón, hay que señalar cuál es la que empuja a esta propuesta. Y por desgracia no parece que sea la que defiende internet como nuevo modelo de oportunidades. Urge una ley que permita la convivencia entre ambos pero debe diseñarse a medida del nuevo contexto social y de un nuevo sistema de mercado con vistas al futuro.
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